El presidente del Consejo Catalán de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) en Cataluña, Joan Company, reclamó revisar este concepto y vincularlo a la "función social" de la propiedad.
Joan Company ha asegurado que los ingresos provenientes del alquiler social obligatorio son "antieconómicos" y vulneran el derecho a la propiedad. El presidente del Consejo Catalán también ha defendido mantener el concepto de alquiler social recogido en la ley 24/2015 y limitar la aplicación de esta figura en el parque de viviendas procedentes de las ejecuciones hipotecarias o el incumplimiento de la función social de la vivienda por parte de los propietarios.