El Gobierno vive una nueva tensión con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a cuenta de la ley de vivienda. La mayoría conservadora de este órgano, cuyo mandato caducó hace más de tres años, prepara ya un duro informe contra la norma por “invadir competencias autonómicas” e incluso por “estatalizar el derecho a la propiedad privada”, pero el texto que tenía listo el Ejecutivo para aprobarlo mañana martes, al que ha tenido acceso EL PAÍS, respeta estas competencias y deja en manos de las autonomías los límites a los alquileres, uno de los asuntos centrales del texto.
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