Después de la presión de los movimientos sociales, el Gobierno ampliará la moratoria de desahucios de familias vulnerables que se terminaba, después de encadenar cinco prórrogas, el 28 de febrero. El ejecutivo prevee aprobar en el próximo consejo de ministros la prórroga del llamado escudo social hasta el 30 de septiembre. La moratoria atura todos los desahucios -solo en Barcelona se dictaron 2.675 órdenes el 2021- pero abre la puerta al juez a solicitar un informe de vulnerabilidad a los servicios sociales que facilita la suspensión del proceso. Estos informes -juntamente con la presión de las plataformas vecinales y la mediación municipal- van a conseguir que el 90% de las órdenes dictadas en Barcelona en este período se pudieran aplazar.
