Almenos la mitad de las 30.000 viviendas que los grandes propietarios han ofrecido al Estado son ocupados. Esta es la cifra que controlan fuentes del sector inmobiliario que, además, estiman que cerca de un 30% de estas viviendas ocupadas estarían localizadas en Cataluña.
En caso de tirar adelante la estrategia que han diseñado estos grandes propietarios, entre los cuales hay fondos de inversión inmobiliaria pero también entidades financeras, podría suponer la regularización de muchos casos de inmuebles que han estado ocupados sin violencia.
