En octubre de 2019 una inmobiliaria pone un anuncio de alquiler de un piso de Barcelona en el que especifica como requisito para futuros inquilinos que tienen que ser "personas estudiantes, españolesm con contrato indefinido". Hoy, una jueza ha ratificado la que, según el consistorio, es la primera sanción en el Estado Español por "discriminación en el acceso en la vivienda". Se piden 90.001 euros al agente inmobiliario por haver excluido de su anuncio todo el colectivo de personas con nacionalidades de otros países.
