La Generalitat, a través de la Agencia Catalana del Consum, (ACC) ha impuesto 57 sanciones a grandes propietarios por no ofrecer un alquiler social a personas vulnerables que iban a ser desahuciadas, tal y como contempla la ley de vivienda de Cataluña. El importe de las sanciones es de 30.000 euros, aunque la ley catalana prevé un máximo de 100.000 euros. En total, el conjunto de sanciones asciende a 1,7 millones de euros.
La ACC ha abierto 141 expedientes sancionadores a grandes tenedores de viviendas desde la entrada en vigor de la normativa en marzo, lo que significa que todavía tiene decenas de expedientes por resolver. La Generalitat se está planteando reforzar el equipo de inspectores hasta elevar la capacidad de análisisa cien expedientes por mes durante dos años.
