La nueva ley española de la vivienda establece que los gastos de gestión y formalización del contrato en el alquiler de un piso tienen que ser pagadas por el propietario y no por el locatario. A pesar de esto, algunas agencias inmobiliarias continúan haciendo pagar estos servicios a los inquilinos.
Esto es considerado una violación de la ley y se puede denunciar estas prácticas ilegales a la Fiscalía de la Vivienda o a la Agencia Catalana de Consumo. Los portales inmobiliarios no tienen responsabilidad legal sobre los contenidos publicados por los anunciantes, pero pueden retirar anuncios ilícitos si se los notifica.