Siete entidades profesionales del sector inmobiliario de Cataluña han presentado alegaciones contra el Govern debido a su propuesta de controlar los precios del alquiler en 140 municipios. Argumentan que la resolución del Departament de Territori no cumple con los requisitos de la ley del Derecho a la Vivienda, que permite a las comunidades autónomas limitar los alquileres. Las entidades cuestionan la falta de procedimiento adecuado para declarar áreas tensionadas y el índice de precios de referencia propuesto por la Generalitat.
Aseguran que el control de los alquileres no resolverá el problema, ya que la carestía se debe a la falta de construcción de vivienda social por parte de las administraciones durante más de una década.
