El Gobierno compra viviendas en Camprodon y en la Pobla de Segur para destinarlos a alquiler social

La consejera de Territorio, Ester Capella, ha inspeccionado este viernes los pisos adquiridos por el Incasòl de la Sareb en la Pobla de Segur, en el Pallars Jussà. Estas 48 viviendas, distribuidos en dos bloques, se encuentran en muy buen estado, y solo requerirán reformas mínimas para abordar problemas de humedad, con una inversión prevista de unos 300.000 euros. Se prevé que este mes de mayo los locatarios puedan empezar a ocupar los pisos. La compra ha supuesto una inversión de más de 3 millones de euros. De las 48 unidades, solo 36 se pondrán al mercado de alquiler, puesto que las 12 restantes ya están ocupadas y los inquilinos actuales conservarán sus condiciones.

Además, se han adquirido 11 viviendas en Camprodon, con un coste de 1,3 millones de euros, que forman parte de un edificio plurifamiliar con 35 pisos y 5 locales comerciales.

Capilla ha expresado su opinión que los gobiernos dispuestos a poner las viviendas al mercado del alquiler a precios asequibles tendrían que recibir una cesión gratuita de estos inmuebles, reiterando su petición al ministerio de Vivienda.

Estas adquisiciones se enmarcan dentro del programa de adquisición de viviendas a grandes tenedores impulsado por el Departamento de Territorio con el objetivo de aumentar el parque de alquiler social en Cataluña. Con las nuevas adquisiciones, el Gobierno, a través del Incasòl, ha comprado un total de 252 viviendas a grandes propietarios, con una inversión total de 28,3 millones de euros (18,6 millones para la compra y 9,7 millones para obras de rehabilitación).

Además de esto, el Incasòl ha adquirido otras seis promociones a grandes tenedores, sumando un total de 193 viviendas, con adquisiciones a la Sareb, Coral Hombre y Immo Criteria Arrendamiento III.

Estas acciones forman parte del plan del Gobierno para incorporar 10.000 viviendas al parque de alquiler social de Cataluña hasta el 2026, utilizando diferentes estrategias, como la compra de edificios ya construidos o en construcción propiedad de grandes tenedores, para atender las necesidades de vivienda de las familias más necesitadas y fomentar la renovación urbana.

El Gobierno compra viviendas en Camprodon y en la Pobla de Segur para destinarlos a alquiler social
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