El Ayuntamiento de Platja d'Aro, con el alcalde Mauricio Jiménez al frente, ha iniciado un proyecto para movilizar 200 viviendas vacías y destinarlos al alquiler asequible. Esta iniciativa surge a raíz de la detección de 370 viviendas desocupadas durante los últimos tres años, los cuales no han generado facturas de luz ni de agua. El objetivo es redirigir un 40% de estas viviendas hacia la bolsa pública de vivienda para atender las demandas de las familias en situación de vulnerabilidad social.
Para incentivar los propietarios a participar, el Ayuntamiento, con la colaboración de los agentes de la propiedad inmobiliaria (API), ofrece diversas ventajas. Entre estas, garantizar el pago del alquiler el día 1 de cada mes, bonificar el IBI, ofrecer una ayuda de 1.500 euros para reformas y hacerse cargo del seguro. Los alquileres oscilarían entre los 600 y 700 euros, precios considerados asumibles para las familias beneficiarias.
Hasta ahora, este enfoque ha permitido sumar siete pisos a la bolsa municipal de alquiler. El Ayuntamiento prevé reunirse con los API después del verano para ampliar la colaboración e intentar movilizar más viviendas, incluyendo Viviendas de Uso Turístico (HUT), para llegar a gestionar hasta 200 alquileres.
Paralelamente, se estudia la posibilidad de reconvertir locales comerciales y despachos vacíos en viviendas, a pesar de que esto requeriría una modificación del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM). Esta iniciativa podría generar entre 400 y 500 viviendas adicionales.
Por otro lado, el Ayuntamiento también se prepara para la reforma del paseo marítimo, una obra prevista para el verano de 2025. El proyecto tiene como objetivo ampliar el espacio peatonal e incluir un carril bici durante los meses de invierno. El presupuesto para el concurso de ideas es de 300.000 euros, cofinanciados por el Ministerio y el consistorio. La intención es que las obras se inicien durante este mandato y se complete antes de 2027, mejorando significativamente la estética y funcionalidad del paseo marítimo.
Finalmente, el alcalde también ha destacado la situación de los propietarios afectados por la Ley de Costas. El Ayuntamiento ha interpuesto un contencioso ante la Audiencia Nacional para excluir las viviendas de la zona de dominio público. Se prevé una resolución en julio, que determinará los pasos a seguir para desafectar las propiedades y gestionar la transmisión del suelo.
