El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales varios artículos clave de la ley de emergencia habitacional de Cataluña, aprobada el 2022. Esta ley tenía el objetivo de proteger familias vulnerables y obligaba los grandes tenedores a ofrecer un contrato de alquiler social antes de poder iniciar un procedimiento de desahucio. Según la sentencia, estos artículos suponen una invasión de competencias estatales, en línea con el recurso interpuesto por el Partido Popular (PP).
A pesar del éxito inicial de la norma, que había permitido establecer más de un millar de contratos de alquiler social y multar grandes tenedores, los artículos declarados inconstitucionales perderán vigencia solo de cara al futuro. Las situaciones ya consolidadas, pero, no se verán afectadas.
El Tribunal también ha rechazado el artículo que imponía responsabilidad al nuevo propietario de una vivienda por hechos ajenos, al considerar que vulnera el principio constitucional de culpabilidad. Esta no es la primera vez que el TC tumba partes de una normativa catalana sobre vivienda.
