El 25% de las nuevas viviendas sociales que el Gobierno de Salvador Illa ha prometido construir hasta 2030 serán para jóvenes, con un alquiler un 20% más barato que el de mercado, y el 10% se reservará para personas vulnerables.
El Consell Executiu ha aprobado este martes la primera convocatoria de reserva pública de solares para ampliar la oferta de vivienda protegida. Illa ha garantizado que los pisos de alquiler asequible se mantendrán siempre con esta condición, evitando su liberalización como puede ocurrir con 36.000 viviendas públicas en los próximos seis años.
El ritmo de construcción ha pasado de 259 viviendas protegidas al año a 4.400, con el objetivo de llegar a las 50.000 comprometidas. El Gobierno destinará 4.400 millones de euros a este plan, pese a no haber conseguido aprobar nuevos presupuestos. Para ello, prevé modificar el crédito a partir de marzo para sumar 4.000 millones adicionales a las cuentas prorrogadas de 2023.
Esta aceleración de medidas busca apoyos en el Parlamento, especialmente de los Comunes y ERC, para garantizar los recursos necesarios e impulsar otros acuerdos en infraestructuras como Rodalies y la financiación singular.
