En el debate de política general que arranca este martes en el Parlament, la vivienda y los presupuestos serán los grandes protagonistas. Junts plantea que solo puedan optar a pisos de protección oficial las personas con más de 10 años de empadronamiento, propuesta que ERC rechaza recordando que la ley fija un máximo de 3 años. Por su parte, Illa apuesta por la colaboración público-privada, más vivienda de alquiler protegido y medidas para que los jóvenes puedan comprar piso, destacando la compra de 1.800 pisos privados para convertirlos en públicos este año. Los Comunes reclaman prohibir la especulación inmobiliaria, aunque valoran movimientos en materia de alquileres temporales.
Además, Illa tiene como objetivo central aprobar los presupuestos para dejar atrás las cuentas prorrogadas de 2023, sabiendo que la proximidad de las elecciones municipales de 2027 dificultará futuros acuerdos. El presidente quiere reafirmar el cumplimiento de los pactos de investidura con ERC y Comunes, condición que estos partidos consideran imprescindible antes de negociar los presupuestos.
Un año después de prometer 50.000 pisos públicos hasta 2030, Illa anunciará una nueva propuesta para agilizar la recalificación de terrenos y fomentar la construcción de viviendas privadas, buscando la complicidad de los inversores.
