El Parlamento de Cataluña ha aprobado una reforma clave de la ley de vivienda que pone fin al vacío legal que permitía esquivar el tope de precios mediante el alquiler de temporada y el alquiler de habitaciones. A partir de ahora, estas modalidades también quedarán sometidas a la regulación de precios en las zonas tensionadas, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda y frenar la especulación inmobiliaria.
La reforma ha sido aprobada con los votos favorables del PSC, ERC, Comuns y la CUP. Junts ha apoyado el cuerpo general de la ley, pero ha votado en contra de los aspectos centrales, como la regulación del alquiler de temporada y la reserva de vivienda de protección oficial, mientras que el PP, Vox y Aliança Catalana se han opuesto.
Con la nueva normativa, todos los contratos de alquiler no turísticos, independientemente de su duración, quedarán regulados por la misma ley. Esto implica la aplicación del tope de precios vigente desde marzo de 2024, basado en el índice estatal de referencia. En el caso de los grandes tenedores o de las viviendas que se alquilan por primera vez, el precio deberá ajustarse estrictamente a este índice. En cambio, los pequeños propietarios deberán aplicar el precio del contrato anterior, actualizado con el IPC correspondiente.
El alquiler de temporada por motivos laborales, académicos o médicos no desaparece, pero pasa a tener las mismas garantías legales que el alquiler de residencia habitual. Cuando se formalice el contrato, será necesario justificar documentalmente la finalidad del alquiler y registrarlo en el Incasòl junto con el depósito de la fianza.
La reforma responde al crecimiento acelerado del alquiler de temporada, especialmente en Barcelona y en los 271 municipios declarados zonas tensionadas. Según datos del Incasòl, los contratos de temporada declarados en Barcelona han pasado de 833 en el primer trimestre de 2023 a 2.347 dos años después, lo que evidencia el uso de esta modalidad para evitar la regulación de precios.
En cuanto al alquiler de habitaciones, la nueva ley establece que la suma de todas las rentas no puede superar el límite máximo fijado para la vivienda en su conjunto. Esta medida pretende frenar el negocio de los colivings, empresas que han convertido edificios enteros en alojamientos por habitaciones con rentas muy elevadas.
La normativa también refuerza el control y las inspecciones. Se crea un registro de grandes tenedores, una Comisión de Supervisión de los Contratos de Arrendamiento y un cuerpo de inspectores con capacidad sancionadora. Las multas por incumplimiento pueden alcanzar hasta los 900.000 euros.
Desde el gobierno se defiende que la ley permite avanzar hacia un modelo en el que la vivienda sea un derecho y no un activo financiero. En cambio, el sector inmobiliario y parte de la oposición alertan de una posible inseguridad jurídica, de una reducción de la oferta de alquiler y, incluso, de una posible impugnación ante el Tribunal Constitucional.
