La provincia de Girona registró 719 denuncias por ocupación de viviendas durante el año 2025, posicionándose como la quinta demarcación estatal con más casos, por detrás de Barcelona, Madrid, Valencia y Alicante. Esta cifra supone un descenso del 23,51% respecto a las 940 denuncias contabilizadas en 2024, alcanzando niveles similares a los registrados antes de la pandemia. La tendencia a la baja coincide con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, la cual incorporó los delitos de ocupación ilegal al procedimiento de juicios rápidos para resolver los casos en un plazo máximo de 15 días, actuando como posible elemento disuasorio.
Paralelamente, los desahucios practicados en la demarcación de Girona han descendido un 30,23% en los últimos cuatro años, pasando de 1.502 ejecutados en 2021 a 1.048 en el año 2025. La gran mayoría de estos procedimientos responden a aplicaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos por impagos o finalizaciones de contratos de alquiler, representando el 73% del total con 767 casos, mientras que aquellos derivados de ejecuciones hipotecarias han caído hasta las 196 actuaciones, confirmando un retroceso generalizado en la conflictividad judicial vinculada a la vivienda en el territorio
