Al Gobierno municipal de Barcelona se le acumulan las causas a los juzgados. Esta vez el detonante del conflicto es la modificación del "Pla General Metropolità" (PGM) del distrito de Gracia y los que se sitúan al otro lado de la trinchera son unos adversarios habituales de la alcaldesa Ada Colau. Cinco entidades del sector inmobiliario han interpuesto un recurso contencioso administrativo contra una iniciativa que, entre otras cosas, establece que en la construcción de nueva obra residencial o grandes rehabilitaciones habrá que reservar un mínimo de un 30% del techo edificable a vivienda protegida, con la merma de rendibilidad que esta disposición supone para los constructores.
El recurso, que si es aceptado dará paso a la correspondiente demanda, llevará la firma de la Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona y Lledia, el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona y la Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya.
