La ley aprobada en el Parlament en septiembre de 2020 para contener el precio de los alquileres en Catalunya contribuyó a reducir los precios en los municipios de Barcelona donde se aplicó. Es la primera vez que esta afirmación aparece en un informe oficial, en este caso del Observatorio Metropolitano de la Vivienda, en el que participan el Ayuntamiento, el Área Metropolitana de Barcelona, la Diputación y la Generalitat. En el informe han participado también el Instituto Catalán del Suelo, a quien se depositan las fianzas; y la Asociación de Gestores de Políticas Sociales de Vivienda.
La Ley catalana impedía subidas de precio del alquiler en los 60 municipios más poblados de Cataluña e incluso contemplaba caídas si los precios superaban lo que fijaba el índice oficial de la Generalitat. Estuvo vigente entre septiembre de 2020 y abril de 2022, cuando el Tribunal Constitucional anuló los artículos clave en la regulación.
