La consejera de Justicia, Lourdes Ciuró y Buldó, y la consejera de Derechos Sociales, Violando Cervera y Gòdia, han presentado hoy en rueda de prensa los cambios legislativos que prevé llevar a cabo el Gobierno para luchar contra las ocupaciones ilegales de inmuebles con carácter delinqüencial, que son propiedad de grandes tenedores, y que alteran gravemente la convivencia además de generar alarma social.
El objetivo de la reforma,según han explicado las consejeras, es dotar los ayuntamientos y las comunidades de propietarios de instrumentos para que puedan actuar, en caso de que el propietario no lo haga, para promover y restituir la convivencia y el civismo, en aquellos ámbitos en que se ve gravemente perturbada por las actitudes conflictivas, a menudo agresivas, que llevan a cabo personas que han ocupante de forma ilegal viviendas, que son propiedad especialmente de bancos, grandes inmobiliarias, la SAREB, o de fondo de inversión.
Modificaciones al Código civil catalán
El Departamento de Justicia está preparando la modificación del libro V del Código civil catalán, relativo a los derechos reales en el apartado de propiedad horizontal, para que los ayuntamientos y las comunidades de vecinos puedan pedir el desalojo del inmueble ocupado ilegalmente cuando el propietario no lo haya hecho. La normativa catalana facultará jurídicamente los consistorios y comunidades para instar judicialmente la desocupación del inmueble.
El proceso será el siguiente: cuando un ayuntamiento detecte que una finca, ocupada ilegalmente, genera problemas de convivencia, tendrá que pedir al propietario que inicio la acción judicial de desocupación de la finca. Si en el plazo de un mes esta acción no ha sido presentada a ningún tribunal competente, el ayuntamiento quedará inmediatamente habilitado para activar esta acción e iniciar el procedimiento de desocupación.
