Según el estudio realizado desde Esade, podemos afirmar que la aplicación de la Ley 11/2020 en Cataluña que se empezó a aplicarse a finales de 2020, provoco un encarecimiento significativo de las viviendas más baratas, sobre todo los que estaban por debajo de los precios de referencia.
A pesar de este efecto negativo en las viviendas más económicas, la política redujo el previo entorno al 5%. El estudio estima que la oferta de la vivienda de alquiler disminución en 10% y enfoca al problema en una manca de oferta en vez de la existencia de grandes propietarios.
Esta política fue anulada parcialmente por el Tribunal Constitucional después de estar en vigor un año y medio.
