Gracias al acuerdo entre dos socios de investidura, Esquerra y Bildu ya es una realidad la ley de la vivienda.
Los principales puntos de esta ley es que el IPC dejará de ser un índice de referencia para subir los alquileres anualmente, así que durante el 2023 se aplicará el 2%, durante el 2024 el límite será del 3% y a partir de semillas se creará un nuevo índice de referencia más estable e inferior a la evolución del IPC.
También se ha definido el concepto de "zona tensionada", donde por defecto tendrá que cumplir una de las siguientes condiciones, que la carga mediana del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta mediana de los hogares de la zona y que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC durante los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada.
Otro concepto modificado a la espera que cada comunidad diga la última palabra, también se ha modificado el concepto de "gran tenedor" donde ahora será aquella persona física que tenga 5 o más inmuebles en área tensionada, este colectivo recibirá medidas concretas para evitar la especulación y el acaparamiento de inmuebles.
Otro aspecto que se verá modificado son los honorarios, donde ahora los propietarios tendrán que hacerse cargo del pago a la inmobiliaria cuando se alquila un piso y nunca lo hará el inquilino. También el inquilino se verá protegido porque no se tendrá que hacer cargo otros gastos que no hayan sido previamente acordadas, como podrían ser los gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro gasto atribuible al inquilino.
También quedarán prohibidos los desahucios sin fecha y hora predeterminada.
