La Generalitat de Cataluña ha empezado los trámites para regular los alquileres en los municipios con más tensión habitacional. Esto se produce dos semanas después de la aprobación de la ley española de vivienda en el Senado. El Gobierno ha iniciado un "procedimiento preparatorio" para delimitar las zonas donde se podrán aplicar medidas de contención de precios.
La portavoz del ejecutivo, Patrícia Plaja, ha señalado que el acceso a una vivienda asequible es un reto casi imposible y que la emergencia habitacional es uno de los grandes problemas del país. Los trámites durarán unos meses y el plazo final depende de la respuesta del ministerio y de las alegaciones de los municipios afectados. El Gobierno estima que el mapa final será similar al que había antes de que el Tribunal Constitucional anulara la legislación catalana el año pasado, con aproximadamente 142 zonas tensionades.
Además, la Generalitat ha enviado una carta al Ministerio de Transportes para homologar el índice de referencia del precio del alquiler de Cataluña que fue anulado por el Tribunal Constitucional. Este índice actualizado será utilizado como base para aplicar la regulación. La nueva ley española de la vivienda exige que las comunidades autónomas preparen una memoria justificativa para acreditar qué municipios están más afectados y qué son las deficiencias del mercado de vivienda de cada zona. La declaración de un municipio como zona tensión requiere un plan específico con medidas concretas y un calendario de ejecución, con una vigencia de tres años que se puede renovar.
