El sector turístico y empresarial a Girona ha manifestado una oposición firme frente a una medida del Gobierno que consideran no solo irresponsable sino con potencial para causar un impacto económico grave en los municipios que dependen de la actividad turística, poniendo en peligro su futuro.
Varias entidades de renombre, como la Asociación Turística de Apartamentos Costa Brava-Pirineo de Girona (ATA), la Mesa Gerundense de Turismo, el Colegio APIO de Girona y otros, han expresado una profunda indignación por el decreto ley 3/2023. Este decreto prevé una reducción significativa, concretamente del 40%, de la oferta de Viviendas de Uso Turístico (HUT) en las comarcas gerundenses, una medida que, según estas entidades, pondría en riesgo no solo la vitalidad del sector turístico sino también la estabilidad económica de los municipios afectados.
La demarcación de Girona se vería especialmente afectada, con 66 municipios y 41.431 HUT. La preocupación principal radica en la percepción que esta medida no aborda adecuadamente la naturaleza predominantemente de segundas residencias de estos HUT. Argumentan que esto no solucionaría el problema del acceso a la vivienda, puesto que muchos de estos continuarían siendo considerados como residencias secundarias.
Además, destacan las posibles consecuencias negativas para la economía local, con un impacto directo en los ingresos de pequeños propietarios de HUT, así como la pérdida estimada de 5.000 puestos de trabajo. Esta medida, según el sector, se puede percibir como una expropiación encubierta, con el posible resultado de reclamaciones de indemnización por parte de los propietarios afectados.
Las entidades se muestran críticas con la carencia de estudios y datos que habrían justificado esta decisión del Gobierno, y piden un proceso parlamentario transparente con la participación de expertos independientes para llegar a soluciones más efectivas. En paralelo, se ha anunciado que se tomarán medidas legales para combatir este decreto ley durante la fase parlamentaria, con el objetivo de proteger los intereses del sector y evitar repercusiones económicas negativas.
