El Decreto Ley 3/2023 de la Generalitat de Cataluña que regula el uso turístico de viviendas impone la necesidad de una nueva licencia para el alquiler turístico en ciertas áreas, con restricciones marcadas y un impacto significativo en más de 96.000 viviendas turísticas ya legalizados.
La especial preocupación se destaca para los municipios turísticos de la provincia de Girona, con la previsión de pérdida de entre el 60% y el 85% de la oferta de alojamiento. Se alerta sobre las consecuencias económicas negativas, con una posible pérdida de turistas y puestos de trabajo, especialmente a la Costa Brava.
La noticia critica la falta de diálogo con el sector antes de la implementación del decreto y pose de manifiesto las contradicciones, puesto que las medidas no parecen adaptadas a la realidad de las segundas residencias destinadas al alquiler turístico. Se pide la retirada del decreto y la consideración de medidas alternativas más estructurales, con un enfoque adaptado a las diversas realidades locales.
