La implementación de la nueva ley de vivienda en España ha experimentado retrasos significativos en áreas importantes como la regulación de los alquileres y la mediación antidesahucios. Después de más de medio año, todavía no se han puesto en práctica las medidas previstas para evitar desahucios y regular los alquileres. Hay preocupación por la falta de coordinación entre las administraciones y la incertidumbre sobre cómo se llevarán a cabo las mediaciones. Las presiones para mantener protecciones a los más vulnerables y la especulación sobre el impacto en los nuevos contratos de arrendamiento también son factores importantes.
En el sector inmobiliario, las opiniones están divididas sobre la utilidad de la mediación, con algunas entidades viéndolo como una oportunidad y otras considerándolo un trámite dilatorio. En conjunto, la situación genera frustración y llamamientos a una implementación más rápida y clara de las medidas previstas.
