El Parlamento de Cataluña ha aprobado una nueva regulación sobre los pisos turísticos, con cambios significativos respecto a la propuesta inicial del gobierno. Se ha eliminado el tope de 10 viviendas turísticas por cada 100 habitantes en los municipios con alta demanda de vivienda. Este cambio permite en los ayuntamientos decidir si quieren establecer este límite. En lugar de esto, se requerirá una licencia previa en 140 municipios con problemas de acceso a la vivienda. Estos municipios tienen que desarrollar un planeamiento urbanístico que será revisado por la Generalitat, asegurando que las licencias turísticas no afecten el acceso a la vivienda. Las licencias tendrán una validez de 5 años, prorrogables automáticamente si el planeamiento lo permite.
El acuerdo entre el PSC y ERC por esta regulación implica la tramitación del decreto ley como proyecto de ley, con una aprobación definitiva prevista para la sesión plenaria de marzo de 2024. Esta medida busca unificar la normativa sobre pisos turísticos en todo Cataluña, puesto que hasta ahora, 85 ayuntamientos habían adoptado enfocs diferentes.
La propuesta inicial del gobierno pretendía eliminar 28.000 pisos turísticos, pero con la nueva regulación, se espera una gestión más equilibrada y adaptada a las necesidades locales.
El alcalde de Roses, Josep Maria Martínez Chinchilla, se opone al decreto ley sobre pisos turísticos, argumentando que cerrar 3.000 de los 5.200 apartamentos turísticos del municipio afectaría gravemente la economía local, puesto que la localidad vive principalmente del turismo en verano.
Por otro lado, el alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano Iglesias, soporta la limitación de los pisos turísticos. Destaca que en el Valle de Aran, la proliferación de estas viviendas ha incrementado los precios del alquiler y ha restringido el acceso a la vivienda para muchas personas, incluyendo profesionales como médicos o maestros que no pueden encontrar alojamiento.
