La ley de Vivienda en Cataluña se encuentra con agujeros legales que podrían menguar su impacto efectivo en el control de los alquileres. La ley no establece un régimen sancionador, dejando a los afectados principalmente la vía judicial para hacer cumplir sus derechos. La administración tampoco tiene recursos para comprobar elementos clave en la fijación del precio del alquiler, como la condición de gran tenedor o la renta anterior.
Los locatarios se ven obligados a buscar la renta anterior en el alquiler, pero la administración no comprueba si esta información es precisa o si los precios se ajustan a los límites del índice, especialmente en el caso de grandes tenedores. Los propietarios particulares, que representan el 85% del mercado de alquileres en Cataluña, están fuera de los mecanismos sancionadores de la ley.
Esto pone una carga adicional sobre los locatarios, que pueden tener que recurrir a los tribunales para resolver los conflictos. Los especialistas alertan que esto podría provocar un aumento de conflictos y judicialización de los alquileres. Además, la desinformación de los locatarios puede menguar la efectividad de la ley, puesto que muchos propietarios aprovechan la confusión para aumentar las rentas.
Solo las agencias inmobiliarias están sometidas a sanciones, con la posibilidad de perder su inscripción en el registro de agentes inmobiliarios si incumplen la normativa. Esto las convierte en los principales garantes del cumplimiento de la ley en los alquileres ofrecidos por particulares.
