El Gobierno ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ministerio de Vivienda que establece el sistema estatal de referencia de precios de alquiler de vivienda y que sirve para regular el tope máximo que tienen que pagar los inquilinos. Este recurso se ha presentado después de que el Departamento de Territorio enviara un requerimiento previo al Ministerio pidiendo la combinación del sistema estatal y el índice catalán, tal como ya se había acordado en las negociaciones previas.
El Departamento argumenta que la resolución del Ministerio no contempla la coexistencia de los dos sistemas ni mecanismos de colaboración, suponiendo una vulneración del ordenamiento jurídico. Según la normativa vigente, las comunidades autónomas pueden definir su propio índice de referencia, y la ley prevé la coexistencia y la coordinación entre los diferentes sistemas autonómicos y estatales.
El requerimiento enviado al Ministerio, que ahora se reitera con el recurso contencioso-administrativo, pide modificar la resolución para incluir el índice de referencia autonómico en coexistencia con el estatal y prever los mecanismos de colaboración adecuadas entre los diversos sistemas para determinar el límite máximo del alquiler. Estas modificaciones se habían acordado durante las negociaciones entre el Departamento de Territorio y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
