Ester Capella, consejera de Territorio, ha criticado duramente los partidos que no han apoyado a la medida, afirmando que "no entrar a la regulación quiere decir garantizar la especulación". En respuesta, Alícia Romero (PSC) y Mònica Sales (Juntos) han reprochado en el Gobierno la tramitación apresurada del decreto y han destacado la inseguridad jurídica que este podría generar.
Los últimos días, los alquileres de temporada han sido un punto de controversia política. El Sindicato de Locatarias intentó obtener compromisos de los partidos para blindar la regulación, pero PSC y Juntos se desmarcaron. Jéssica Albiach (Comunes Sumar) condicionó su apoyo a la formación de un nuevo Gobierno a la regulación de los alquileres de temporada. Los republicanos también lo tenían como prioridad.
Los contratos temporales, que pueden durar hasta 11 meses, se han ido extendiendo en zonas urbanas como Barcelona, incrementando los precios de los alquileres y dificultando el acceso a una vivienda estable. Con el nuevo decreto catalán, se pretendía regular estos contratos y el alquiler de habitaciones, pero la falta de apoyo parlamentario ha hecho que la regulación caiga.