La ley de emergencia habitacional establece que los grandes tenedores de vivienda tienen que ofrecer un alquiler social en las familias en riesgo de exclusión residencial antes de iniciar cualquier procedimiento de desahucio. A pesar de esto, hay grandes tenedores que no cumplen esta normativa.
Este año, la Agencia Catalana de Consumo ha impuesto 276 sanciones por este motivo, una cifra que casi duplica las 145 sanciones del año pasado. El director de la agencia, Albert Melià, ha destacado que la detección de esta infracción está aumentando y que desde el año pasado funciona un programa con unos veinte profesionales dedicados a controlar esta situación. Así, este año están resolviendo muchos expedientes iniciados el año pasado, cosa que hace prever que el número total de sanciones será mucho más elevado.
Desde el año 2020, se han impuesto un total de 499 sanciones cerca de un centenar de grandes tenedores, con un importe acumulado de casi 13 millones de euros. Estas infracciones son consideradas graves contra los derechos de los consumidores y pueden ser castigadas con multas de hasta 30.000 euros por cada caso. Sin embargo, los propietarios sancionados pueden recorrer las multas tanto administrativamente como judicialmente, y muchas de estas multas se encuentran actualmente en proceso de revisión.
Las multas derivadas del incumplimiento de la obligación de alquiler social son el resultado de los 1.297 expedientes que la Agencia Catalana de Consumo ha tramitado desde el año 2020. Dos grandes tenedores, Divarian Propiedad y Promontoria Coliseum Real Estate, acumulan la mitad de estos expedientes, con 455 y 299 respectivamente.
