La Generalitat de Cataluña está avanzando en la regulación de los alquileres de temporada para combatir el fraude que algunos propietarios están cometiendo. Algunos cambian los contratos de alquiler habitual por contratos de temporada (con una duración máxima de 11 meses) para evitar la limitación de los precios establecida por la ley actual. Para evitarlo, ERC y el Gobierno trabajan en un decreto que definirá con más claridad qué se entiende por "alquiler de temporada" y establecerá medidas para impedir que los alquileres de habitaciones separadas sean utilizados para eludir los límites de precios.
Este decreto sería un paso significativo después de que la reforma estatal sobre alquileres de temporada se haya estancado en el Congreso, sobre todo por el desacuerdo con Junts. El objetivo es que el decreto esté listo pronto, ya que el precio de los alquileres de temporada en Barcelona ha subido considerablemente en los últimos años. El pacto, si se concreta, incluiría sanciones para aquellos que no cumplan con las limitaciones de los precios de alquiler. La normativa también abordará el riesgo de que algunas viviendas públicas pierdan la protección oficial y pasen al mercado privado.
Estas acciones complementan otras medidas, como la reciente norma aprobada en el Parlamento que establece sanciones de hasta 900.000 euros por fraudes relacionados con los alquileres.