La Generalitat ha cerrado la primera convocatoria del Plan 50.000, con la cesión de 666 solares por parte de 226 ayuntamientos, en los que se prevé construir 21.289 viviendas públicas de protección oficial. Esta cifra representa casi la mitad del objetivo de 50.000 viviendas antes de 2030. El plan se centra en hacer frente a la crisis de vivienda y ampliar el parque público, hoy insuficiente en Cataluña (solo un 2,5% del total de viviendas), muy por debajo de los estándares europeos.
Los 226 municipios participantes agrupan al 80% de la población catalana (6,5 millones de personas), a pesar de representar solo una cuarta parte del total de municipios del país. El objetivo es garantizar el equilibrio territorial y el acceso a la vivienda también en zonas no metropolitanas. Cerca de la mitad de los solares se encuentran en zonas de demanda tensa, como las grandes ciudades o zonas costeras.
Las comarcas de Girona juegan un papel destacado en este plan, tanto por el número de viviendas proyectadas como por la diversidad territorial. En total, se construirán 2.857 viviendas de protección oficial en 108 solares, repartidos en seis comarcas:
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Gironès: 25 solares / 813 viviendas
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Selva: 19 solares / 747 viviendas
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Alt Empordà: 21 solares / 497 viviendas
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Baix Empordà: 24 solares / 474 viviendas
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Ripollès: 16 solares / 238 viviendas
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Garrotxa: 3 solares / 88 viviendas
A partir de junio de 2025, los promotores con documentación preparada ya podrán acceder a la financiación activada por el Institut Català de Finances. Además, hasta septiembre, se trabajará con los ayuntamientos para activar 490 solares más que aún no tienen promotor asignado.
Cataluña y España tienen uno de los niveles más bajos de vivienda pública de Europa (2,5%). En países como Países Bajos o Austria, este porcentaje se eleva al 30% y 24% respectivamente. Hasta hace poco, la mayoría de las viviendas protegidas se descalificaban a los 25 años, entrando en el mercado libre. Se calcula que 9 de cada 10 viviendas protegidas se han perdido por esta vía.
Con el decreto ley de 2019, ahora se limita el precio de reventa y se protege este parque de vivienda. Además, se mantiene vigente hasta 2027 el derecho de tanteo y retracto, que permite a la administración comprar viviendas en procesos de desahucio o ejecución hipotecaria. Gracias a este mecanismo, ya se han recuperado unas 5.000 viviendas.
