A partir de hoy, 27 de junio de 2025, entra en vigor en Cataluña un cambio fiscal relevante que afecta al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), con impacto directo en las operaciones inmobiliarias de mayor valor y en determinados perfiles de inversores. El nuevo modelo introduce una tarifa progresiva para la compra de viviendas a partir de 600.000 €, sustituyendo el sistema anterior que aplicaba un 10% hasta un millón de euros y un 11% a partir de esa cifra. Ahora, las transmisiones tributan con una escala: un 10% hasta 600.000 €, un 11% entre 600.000 y 900.000 €, un 12% entre 900.000 y 1.500.000 €, y un 13% a partir de esa última cantidad. Esta medida incrementa notablemente los costes fiscales de las compraventas de alto valor.
Uno de los cambios más significativos es la aplicación de un tipo impositivo del 20% en las transmisiones de inmuebles de uso residencial cuando el comprador sea considerado un gran tenedor. Esto incluye tanto a personas físicas como jurídicas que dispongan de más de 10 viviendas, más de 1.500 m² de superficie residencial, o bien 5 viviendas si están ubicadas en zonas declaradas como mercado residencial tensionado. Este mismo tipo del 20% se aplica también a la compra de edificios residenciales completos, incluso si el comprador no es un gran tenedor. Solo están exentos los promotores sociales, entidades sin ánimo de lucro o aquellos casos en los que las viviendas se destinen a un uso social. También se excluyen las personas físicas que adquieran un edificio con un máximo de 4 viviendas y lo destinen a su residencia habitual o la de familiares.
Por último, el decreto incluye algunos ajustes en los tipos reducidos: se amplía hasta los 35 años la edad para acceder al tipo del 5% en la compra de la primera vivienda habitual, y se introduce por primera vez un beneficio fiscal para las víctimas de violencia machista, que también podrán tributar al 5% en la adquisición de su residencia habitual. En conjunto, se trata de una reforma con clara vocación recaudatoria, que ya ha generado preocupación en el sector inmobiliario por el efecto desincentivador sobre la inversión y la oferta de vivienda, especialmente en el mercado de alquiler asequible, en un contexto ya tensionado.
