El Govern de la Generalitat afronta una fase decisiva del plan de 50.000 viviendas públicas, proyecto clave de la legislatura de Salvador Illa. Un año después del anuncio, el Ejecutivo ha movilizado un 18% de los pisos previstos, entre adquisiciones a grandes tenedores —como los 743 inmuebles comprados a Cerberus— y promociones ya en marcha del Incasòl y de los ayuntamientos con fondos europeos. El próximo hito llegará a comienzos de año, con la salida a concurso de los primeros solares públicos, que permitirán levantar entre 1.500 y 1.800 nuevas viviendas asequibles.
A partir de 2026 podrían iniciarse los trámites para construir 22.241 viviendas en suelo público, un 65% de las cuales ya cuentan con promotor asignado. Aun así, todavía faltan cerca de 19.000 pisos para alcanzar el objetivo de 2030, una fecha que el sector considera ambiciosa debido a la lentitud de las licencias y de los procesos urbanísticos. Promotores y constructores valoran positivamente que el mecanismo esté en marcha, pero advierten que algunos lotes pueden ser demasiado grandes para el tejido empresarial catalán y reclaman estabilidad normativa y un pacto transversal por la vivienda.
El sector empresarial recuerda además que Cataluña arrastra un déficit estimado de 300.000 viviendas, por lo que el plan de las 50.000 debería ser solo el primer paso de una estrategia mucho más amplia. Paralelamente, crece el debate sobre si realmente es necesario construir más: un estudio reciente de la UPC cuestiona que exista un déficit grave y defiende priorizar la vivienda social y el control de rentas para frenar los precios, recordando que durante la burbuja inmobiliaria se edificó masivamente sin evitar la escalada del mercado.
