El gobierno español ha reconocido que, para poder prohibir la compra especulativa de viviendas, es imprescindible una regulación a escala europea. En una entrevista en 3CatInfo, el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, ha explicado que ni el Estado ni la Generalitat pueden impulsar por sí solos una prohibición de este tipo sin chocar con derechos fundamentales y tratados comunitarios, especialmente con la libre circulación de capitales y personas. Aunque en Cataluña se han encargado informes para estudiar si el Parlament puede limitar la adquisición de viviendas que no sean para residir en ellas, el ejecutivo español advierte que cualquier medida estricta podría ser anulada por los tribunales si no cuenta con el apoyo de una norma europea.
Los Comunes, que presionan para que se prohíba la compra especulativa, incluso condicionando los presupuestos, defienden que con la legislación vigente ya se podría intervenir. Según informes jurídicos presentados, como el del jurista Pablo Feu, el marco legal actual permitiría vetar compras con finalidad especulativa en zonas de mercado tensionado, siempre como una medida excepcional, temporal y limitada, y por tanto sin vulnerar el derecho a la propiedad. También recuerdan que el Parlamento Europeo ha aprobado resoluciones que instan a los Estados a frenar la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso universal a la vivienda.
A pesar de ello, el gobierno español insiste en la complejidad jurídica de estas medidas. Está analizando ejemplos de otros países, como los Países Bajos, donde no se ha podido prohibir la compra especulativa, pero sí se ha implementado una normativa que sanciona el alquiler antes de cuatro años desde la compra. Lucas defiende que medidas similares también deberían contar con el aval europeo, sobre todo porque muchos compradores de vivienda en España son ciudadanos comunitarios.
El debate está marcado por diversas sentencias del Tribunal Constitucional que recuerdan que el derecho a la propiedad es un derecho fundamental y no puede ser “desnaturalizado”, mientras que el derecho a una vivienda digna es solo un principio rector. Esto hace que el derecho de propiedad prevalezca en caso de conflicto, dificultando la prohibición de compras especulativas incluso en un contexto de crisis residencial.
Mientras espera el plan de vivienda que la Comisión Europea presentará próximamente, el ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha impulsado algunas medidas para frenar los usos especulativos, como el cambio fiscal para que los pisos turísticos tributen como negocios (21%), el aumento de impuestos a las SOCIMIS y un programa anual de 76 millones de euros en ayudas para incentivar que los propietarios alquilen viviendas a jóvenes y personas vulnerables. Paralelamente, avanzan las negociaciones del nuevo plan estatal de vivienda, que se pretende aplicar el próximo año y que sería el primero avalado por la nueva ley estatal de vivienda.
