La Comisión Europea propondrá en 2026 una nueva regulación sobre los alquileres de corta duración con el objetivo de frenar la especulación inmobiliaria y aliviar la presión sobre el mercado de la vivienda, especialmente en las zonas con alta demanda turística. La iniciativa forma parte de una estrategia europea más amplia para hacer frente a la crisis de la vivienda que afecta a muchos Estados miembros.
Bruselas quiere establecer un marco jurídico común en toda la Unión Europea que permita a las autoridades locales regular los alquileres turísticos, una fórmula que ha crecido casi un 93% entre 2018 y 2024. Según la Comisión, en algunos destinos muy populares estos inmuebles pueden llegar a representar hasta el 20% del parque inmobiliario, lo que reduce la oferta de viviendas asequibles para los residentes.
La nueva propuesta se sumará al reglamento europeo sobre alquileres de corta duración que entrará en vigor en mayo de 2026, pero irá más allá al dotar a los gobiernos locales de herramientas legales para limitar los efectos negativos de este modelo. “Es necesario preservar los beneficios de los alquileres turísticos, pero reduciendo sus impactos perjudiciales sobre el acceso a la vivienda”, señala la Comisión en el documento estratégico.
Paralelamente, el ejecutivo comunitario ha presentado una nueva estrategia europea de vivienda asequible, que incluye medidas para reducir la burocracia en la concesión de licencias e incentivar la construcción de hasta 650.000 nuevas viviendas anuales. Aunque las competencias en materia de vivienda corresponden principalmente a los Estados miembros, Bruselas busca coordinar respuestas ante un problema cada vez más grave.
Uno de los puntos clave de la iniciativa es la reforma de las normas sobre ayudas estatales. La Comisión creará una nueva categoría de “vivienda asequible”, destinada a hogares que no se encuentran en situación de vulnerabilidad pero que no pueden acceder al mercado debido a los altos precios. Esta reforma facilitará que las administraciones públicas puedan invertir en vivienda sin autorización previa de Bruselas, siempre que se cumplan determinadas condiciones.
La vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Teresa Ribera, ha defendido que la iniciativa no pretende sustituir la vivienda social, sino complementarla. “Debemos abordar también los problemas de la clase media. La vivienda asequible debe ser digna, sostenible y preparada para el futuro”, afirmó durante la presentación de las medidas en el Parlamento Europeo.
La estrategia llega en un contexto de aumento sostenido de los precios de la vivienda. Desde 2013, el coste de la vivienda ha crecido más del 60% de media en la UE, con incrementos especialmente altos en España, donde el aumento supera el 70%. Bruselas confía en que el nuevo paquete de medidas contribuya a aliviar una de las principales preocupaciones sociales en Europa.
