La nueva Ley de Vivienda en España, en vigor desde finales de mayo, ha generado preocupación en el sector inmobiliario en general. Se han observado efectos negativos, como la inseguridad jurídica que ha hecho que muchos inversores abandonen el mercado del alquiler y la dificultad de rentabilizar las promociones inmobiliarias a causa de las restricciones impuestas. Esta inseguridad también ha provocado una disminución de la oferta de viviendas en alquiler y el aumento de las rentas.
Los arrendadores han experimentado cambios en sus responsabilidades, con una mayor presión social para facilitar el acceso a la vivienda a colectivos desfavorecidos. Esto, junto con la incertidumbre legal, ha llevado muchos arrendadores a abandonar el mercado de alquiler y buscar otras opciones.
Las agencias inmobiliarias han visto limitadas sus capacidades para cobrar comisiones a los inquilinos por la gestión de los alquileres, el que ha resultado en un aumento de costes para los arrendadores y una carencia de asesoramiento a los inquilinos.
Los arrendatarios se han visto afectados por el aumento de los requisitos para acceder a una vivienda en alquiler y el incremento de las rentas, puesto que los arrendadores intentan compensar los riesgos y restricciones impuestas por la nueva ley.
Los abogados han tenido que adaptarse a las nuevas regulaciones y procedimientos de desahucio más complejos y confusos.
Las compañías de seguros que ofrecen cobertura para el impago de alquileres y los procedimientos de desahucio se enfrentan a mayores riesgos, lo cual puede resultar en un aumento de las primas de seguro, que podrían repercutirse en arrendadores e inquilinos.
