La Generalitat ha expresado su preocupación respecto a la inminente entrada en vigor de la regulación del precio del alquiler en todo el Estado, denunciando que el diseño del gobierno español no contribuirá en la bajada de los precios en Cataluña. La consejera de Territorio, Ester Capella, ha mantenido una reunión con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, con el objetivo de buscar una solución en esta cuestión.
Capilla ha señalado que el ministerio ha finalizado los trabajos para la elaboración del índice de referencia del precio de alquiler sin tener en cuenta las peticiones de la Generalitat. Aun así, ha asegurado que continuarán luchando por su propuesta, la cual creen que no solo contendrá los precios sino que también los hará bajar, argumentando que "Cataluña vive una situación de emergencia habitacional y es imprescindible sacar la vivienda de la lógica de mercado".
La Generalitat considera que el Índice de referencia del precio de alquiler es fundamental para la aplicación de la contención de los precios, tal como establece la ley de vivienda estatal vigente desde mayo del año pasado. Sin embargo, la aprobación de este índice se ha retrasado durante meses, dejando en suspensión su tramitación, principalmente a causa de factores políticos como las elecciones y las negociaciones postelectorales.
La propuesta de la Generalitat consiste en un sistema propio para Cataluña, incorporando elementos del índice que se aplicó entre 2020 y 2021, antes de que fuera anulado por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el gobierno español ha rechazado esta opción, argumentando la necesidad de un sistema homogéneo para todo el Estado.
Además, la Generalitat ha criticado el índice estatal para optar por un rango de valores en lugar de un valor fijo, argumentando que esto permitirá a los precios mantenerse en el límite más alto del rango. Para combatir esto, la Generalitat propone una superposición del índice estatal con el índice catalán, aplicando el valor de este último cuando sea más restringido. Consideran que esta propuesta es legal y robusta, y que puede contribuir en la bajada de los precios de los alquileres, manteniendo su solidez legal.
