La Ley por el Derecho a la Vivienda, que entró en vigor el 25 de mayo de 2023, cumple un año sin lograr los efectos deseados en el mercado de alquiler. Pese a su validez confirmada por el Tribunal Constitucional, su implementación ha sido limitada. Solo Cataluña ha iniciado la declaración de 'zonas tensionadas', un mecanismo crucial de la ley. Este procedimiento implica que los ayuntamientos soliciten dicha declaración a las comunidades autónomas, que a su vez deben pedirlo al Ministerio de Vivienda. Sin embargo, muchas regiones gobernadas por el Partido Popular han rechazado implementar esta medida.
En el último año, el precio del alquiler ha aumentado significativamente. Datos de Brains Real Estate indican un incremento del 9.24% entre junio de 2023 y marzo de 2024, mientras que Idealista reporta un aumento superior al 12%. Además, la oferta de alquileres permanentes ha disminuido un 15%, mientras que los alquileres por temporada y por habitaciones, que evitan las restricciones de la ley, han crecido notablemente.
El único punto de la ley aplicado de manera general ha sido la limitación en la actualización de los contratos de alquiler, que se han restringido al 2% anual durante 2022 y 2023, y al 3% durante 2024, con la previsión de un nuevo índice por parte del INE para 2025, aún en desarrollo.
La ley ha sido objeto de críticas desde diversos sectores. El Banco de España ha señalado que podría tener efectos contraproducentes, como el aumento de precios y la reducción de la oferta de alquileres disponibles, forzando a los arrendadores a optar por modalidades menos reguladas. Helena Beunza, de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), ha criticado la ley por desincentivar la inversión en vivienda y ha propuesto la necesidad de implementar medidas basadas en datos reales y fomentar la colaboración público-privada para aumentar la oferta de vivienda asequible.
