El Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene previsto presentar, antes del 31 de diciembre de 2024, un nuevo índice de referencia para actualizar los alquileres a partir de 2025, tal como establece la Ley de Vivienda. El objetivo de este indicador es evitar incrementos desproporcionados en la renta de los contratos de arrendamiento, marcando un cambio respecto al Índice de Precios al Consumo (IPC), al que estaban vinculados la mayoría de los contratos.
Este nuevo índice no debe confundirse con el índice de precios de las zonas tensionadas, que ya está en vigor desde principios de 2023 y regula las rentas en áreas de alta demanda, como Cataluña, la única región que se ha declarado hasta ahora como zona tensionada. El primero servirá para actualizar contratos de alquiler ya existentes, mientras que el segundo topa las rentas en nuevas viviendas alquiladas en esas áreas específicas.
Los propietarios, especialmente los pequeños, han expresado su preocupación ante la posible reducción de rentabilidad que podría generar el nuevo índice si se desvincula del IPC. Advierten que esto podría desincentivar la oferta de viviendas en el mercado de alquiler, mientras que algunos expertos señalan que la autonomía del INE podría verse comprometida por la presión política al establecer este índice.
