El Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene hasta el 31 de diciembre de 2024 para dar a conocer el nuevo índice de referencia con el que se actualizarán los contratos de alquiler a partir de 2025, según establece la ley de vivienda. Este índice busca frenar los incrementos desproporcionados en las rentas, diferenciándose del Índice de Precios al Consumo (IPC) al que están vinculados la mayoría de contratos actuales.
Aunque el INE no ha revelado detalles sobre la metodología del nuevo indicador, se espera que sea más estable y refleje mejor la evolución del mercado de alquiler que el IPC. Actualmente, el aumento máximo permitido para los alquileres en 2024 es del 3%, en base al Índice de Garantía de Competitividad (IGC), como parte de las medidas aprobadas en 2022 para mitigar los efectos de la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania.
Este nuevo índice no debe confundirse con el índice de precios de referencia para zonas tensionadas, también contemplado en la ley de vivienda, que establece rangos de precios en función de factores como la ubicación y las características de las viviendas. Hasta el momento, Cataluña es la única región que ha sido declarada zona tensionada, limitando el impacto de esta medida a nivel nacional.
Sin embargo, la implementación del nuevo índice ha generado críticas entre los pequeños propietarios. Desde la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana advierten que, si el indicador es significativamente más bajo que el IPC, muchos propietarios podrían optar por retirar sus viviendas del mercado, reduciendo así la oferta de alquiler. Además, desde Esade han mostrado su preocupación por la posible politización del INE en el proceso de elaboración del índice, lo que podría comprometer su autonomía e independencia.
