Carme Trilla, presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, describe la crisis de vivienda actual como una situación “explosiva” y la compara con etapas anteriores, como la burbuja inmobiliaria, para señalar como las condiciones han cambiado drásticamente. Hoy, la carencia de construcción durante más de una década, combinada con el aumento de la demanda de alquiler debido a la inmigración y la llegada de expatriados con alto poder adquisitivo, ha llevado a una gran tensión en el mercado del alquiler. Este fenómeno, añadido a la falta de crédito para comprar viviendas, ha generado un escenario donde las familias destinan más del 40% de sus ingresos a alquilar, casi el doble de la media europea.
Trilla defiende la necesidad de intervenciones más profundas, como el desarrollo de las Housing Associations, entidades sin ánimo de lucro que gestionan vivienda social y que son comunes a países europeos como Francia o los Países Bajos. En este sentido, recalca que Cataluña solo cuenta con 16 fundaciones que administran unas 5.000 unidades, insuficientes para hacer frente a la demanda. A la vez, valora el aumento del presupuesto para alquiler social anunciado por la Generalitat, pero señala que harán falta muchos más recursos para conseguir el parque público de alquiler que se estableció como objetivo en la ley del 2007.
Una de las propuestas más innovadoras que defiende Trilla es la concertación entre el sector público y los propietarios privados, similar a los modelos de colaboración que ya existen en sanidad o educación. Este mecanismo permitiría a los propietarios poner sus viviendas en alquiler a precios asequibles, con la garantía que, en caso de impago por parte del inquilino en situación de vulnerabilidad, la administración cubriría las pérdidas. Trilla cree que este sistema no solo estabilizaría el mercado, sino que también aumentaría la disponibilidad de viviendas de alquiler asequible, evitando que los propietarios retiren sus viviendas del mercado.
Finalmente, Trilla destaca la necesidad de impulsar la financiación alternativa, como los bonos sociales, para facilitar crédito a proyectos de vivienda y compensar la carencia de apoyo financiero por parte de la banca tradicional en el sector del alquiler. Cree que con estas medidas y una colaboración real entre administración y sector privado se podría establecer una base sólida para una política de vivienda sostenible y a largo plazo, capaz de responder a las necesidades sociales actuales y futuras.
