La vivienda cooperativa se está consolidando en Cataluña como una alternativa a la propiedad privada y al alquiler tradicional, especialmente en zonas con alta presión inmobiliaria, como las comarcas gerundenses. Actualmente, este modelo representa una minoría en comparación con otros países europeos, pero cada vez gana más terreno. Según los datos, Cataluña podría lograr las 1.000 viviendas cooperativos con 2.000 residentes en tres años, mientras que Girona prevé llegar a los 150 hogares.
Estas iniciativas se presentan como una vía para combatir la especulación y ofrecer vivienda asequible, con cuotas mensuales que suelen estar entre los 500 y 600 euros. Las cooperativas de vivienda en Cataluña tienen dos tipologías: las que disuelven la cooperativa y transfieren la propiedad a los residentes una vez se instalan, y las que, como Sostre Cívic, se mantienen como titulares del edificio y aseguran que la propiedad queda siempre en manos colectivas.
Uno de los proyectos pioneros de Sostre Cívic a Girona es la masía del Turrós, en Argelaguer, que desde el 2022 ofrece una opción de vivienda cooperativa en un entorno rural. Este mismo año, Techo Cívico ha recibido financiación del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa para la construcción de 350 viviendas sociales en régimen cooperativo en varias ciudades catalanas.
Otro ejemplo destacado es el proyecto sénior Walden XXI en Sant Feliu de Guíxols, donde personas mayores de 68 años podrán vivir en comunidad sin la amenaza de la especulación. Esta iniciativa es una respuesta a la necesidad de modelos de vivienda alternativos y dignas para gente mayor, y se prevé que esté operativo a mediados de 2026.
En conjunto, el modelo cooperativo ofrece una solución innovadora para aumentar el parque de vivienda protegida y asequible, complementando las políticas públicas para hacer frente a la crisis habitacional, especialmente para aquellos colectivos que tienen más dificultades para acceder a una vivienda.
