El informe de la Cátedra «Vivienda y Futuro» APCE-UPF destaca una problemática urgente en el mercado inmobiliario catalán: el ritmo de construcción de viviendas es muy inferior al que se necesita para satisfacer la demanda actual. En Cataluña, se calcula que haber que construir 2,7 veces más viviendas de los que realmente se libran cada año. Se requieren unas 25.000 unidades anuales, mientras que solo se empiezan unas 11.500 viviendas y se acaban 9.000.
La situación es especialmente crítica a Girona, donde el mercado de viviendas acabadas se ha reducido en más de un 80% desde el 2007. En la última década, las comarcas gerundenses, a pesar de ser la segunda zona más activa en construcción de viviendas después del área metropolitana de Barcelona, han experimentado una fuerte bajada en la finalización de pisos. Según el estudio, el precio del metro cuadrado a Girona está todavía un 12% por debajo del máximo histórico, pero ha subido cerca de un 30% en la última década.
Uno de los aspectos clave del informe es la construcción de vivienda protegida, que desde el 2013 ha disminuido drásticamente en Cataluña a raíz de la desaparición del plan de vivienda del Estado. A pesar de que la Generalitat mantuvo sus aportaciones, la producción de viviendas sociales ha caído un 75%, pasando de unas 5.000 viviendas anuales a solo 1.200 de media. Para cubrir las necesidades de pisos sociales hasta el 2037, habría que incrementar la producción a 20.866 viviendas anuales, un objetivo que los autores consideran inalcanzable sin la colaboración de promotores privados.
Actualmente, más de 92.000 personas están inscritas para optar a una vivienda protegida en Cataluña, de las cuales más de 4.800 son residentes de las comarcas gerundenses, un número que ha aumentado un 30% en un año. El economista Agustí Jover y otros autores del informe subrayan la necesidad de la implicación del sector privado y de nuevas medidas de apoyo financiero para cumplir los objetivos de vivienda pública establecidos por el nuevo plan del gobierno catalán, que, según Xavier Vilajoana, presidente de APCE, a pesar de ser un paso positivo, carencia de apoyo financiero suficiente.
Además, se plantean medidas como la reducción del IVA para constructores, rebajas en los derechos de superficie y mejoras en los créditos del Instituto Catalán de Finanzas para impulsar la construcción de viviendas sociales. También se recalca que hay que revisar el actual modelo de reservas del 30% de vivienda protegida, que no ha dado los resultados esperados en Barcelona y está siendo adoptado por otros municipios catalanes.
