Argumentos de la denuncia
Según Federatur, el decreto vulnera el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que protege el derecho a la propiedad privada. Además, asegura que se ven afectadas la libertad de empresa, la libertad de establecimiento y la libertad de prestación de servicios, contempladas en los artículos 15 y 16 de la misma Carta, así como en los artículos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). La patronal argumenta que estas restricciones limitan de manera significativa la actividad económica de los pisos turísticos, un sector que consideran clave para la economía catalana.
Federatur cuenta con el apoyo de la European Holiday Home Association, que ha respaldado la denuncia con un informe de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO). Este documento concluye que el decreto no logrará el objetivo declarado de aumentar la oferta de viviendas para residencia permanente ni de facilitar el acceso a la vivienda.
Impacto limitado sobre el problema de la vivienda
La patronal critica que la normativa no aborda de manera efectiva la problemática de la vivienda en Cataluña. Según Federatur, restringir la oferta de pisos turísticos no implica necesariamente que estos inmuebles pasen al mercado de alquiler residencial. Este fenómeno es especialmente preocupante en municipios con una alta concentración de segundas residencias, donde las viviendas vacías a menudo no se ponen a disposición para un uso permanente.
En el caso de Barcelona, una de las zonas más afectadas por la tensión del mercado inmobiliario, Federatur ha destacado que los pisos turísticos solo representan el 0,7% del total de viviendas de la ciudad. Sin embargo, desde 2014 no se han otorgado nuevas licencias para pisos turísticos en la capital catalana, una decisión que la patronal considera que ha contribuido a desordenar el sector.
Críticas al Gobierno y soluciones alternativas
Federatur señala que el Gobierno catalán ha adoptado una estrategia equivocada en su lucha por garantizar el acceso a la vivienda, centrándose en un sector que tiene un peso relativamente pequeño en el mercado inmobiliario. Proponen que las autoridades dirijan sus esfuerzos hacia medidas que incentiven la conversión de viviendas vacías en alquiler residencial y que aumenten la oferta de viviendas públicas y sociales, ya que consideran que estas acciones tendrían un impacto más directo en la resolución del problema.
En este sentido, la patronal destaca la necesidad de encontrar un equilibrio entre la regulación del turismo y la protección de los derechos de los propietarios, así como el mantenimiento de un sector que genera empleo e ingresos para muchas familias en Cataluña.
