Los promotores inmobiliarios han alertado sobre el grave desequilibrio entre la oferta y la demanda de viviendas en España, una situación que está generando un sobreesfuerzo económico para muchas familias, con una tasa de pago de alquileres que alcanza el 40%, muy por encima de la media de la zona euro (20%). Para abordar esta crisis de acceso a la vivienda, los promotores han presentado una batería de propuestas que incluyen medidas fiscales, burocráticas y de financiación.
En el ámbito fiscal, APCEEspaña propone establecer un IVA reducido del 4% para la venta de viviendas asequibles a jóvenes menores de 35 años, un colectivo que tiene muchas dificultades para conseguir el ahorro necesario para adquirir una vivienda. También solicitan la revisión de la fiscalidad de las entidades de arrendamiento y una rebaja del IVA en operaciones de viviendas con precios por debajo del mercado.
A nivel legislativo, los promotores piden la reforma de la Ley del Suelo para generar suelo finalista para la construcción de viviendas. Además, consideran esencial movilizar suelo de propiedad pública y ponerlo a disposición de promotoras tanto públicas como privadas, así como aplicar cambios en el uso de terrenos vacíos para permitir la construcción de viviendas.
En el ámbito burocrático, se propone modificar la Orden ECO para agilizar la concesión de licencias e implantar la revisión de proyectos por parte de técnicos externos, con el fin de reducir la carga administrativa. También se destaca la necesidad de impulsar la industrialización de la construcción para hacer frente a la falta de mano de obra especializada y acelerar los plazos de ejecución de los proyectos.
Finalmente, los promotores han insistido en la necesidad de agilizar la línea de financiación de 4.000 millones de euros para la promoción de viviendas de alquiler asequible a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), así como ampliar estas líneas de financiación con la colaboración del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Además, piden la aprobación de un Plan de Vivienda consensuado y con presupuesto suficiente para impulsar todo tipo de promociones y garantizar más seguridad jurídica para atraer inversión privada.
