La primera propuesta de Sánchez es blindar el carácter público y social de las viviendas financiadas con recursos públicos. Este enfoque busca garantizar que las viviendas construidas con fondos públicos sigan siendo accesibles a la población de manera permanente e irreversible, lo cual es una medida importante para asegurar que el parque público de vivienda asequible continúe creciendo. El objetivo es que este parque de viviendas llegue a representar el 20% del total de viviendas en España, una cifra comparable a la que tienen los países europeos más avanzados en políticas de vivienda. Este tipo de medidas refuerza la idea de que las políticas públicas deben ser una herramienta para corregir las desigualdades en el acceso a la vivienda, especialmente en un contexto donde los precios de la vivienda en alquiler y en venta siguen siendo elevados en muchas áreas urbanas.
La segunda propuesta presentada por Sánchez es una reforma de la ley del Suelo. La reforma busca dar mayor seguridad jurídica a los ayuntamientos para que puedan modificar sus planes urbanísticos de manera más eficiente y, a su vez, acelerar la construcción de viviendas asequibles. Esto también incluye la adaptación de la normativa urbanística a los nuevos desafíos del cambio climático, un aspecto que cobra relevancia cada vez mayor en la planificación y desarrollo urbano. La reforma de la ley del Suelo pretende facilitar la construcción de más viviendas, especialmente en áreas con gran demanda, asegurando que estas sean accesibles para los colectivos más vulnerables, como los jóvenes o las familias con rentas bajas.
Finalmente, Sánchez ha instado a las comunidades autónomas a que apliquen la ley de Vivienda, cuyas herramientas, según el presidente, ya están mostrando buenos resultados en aquellas regiones donde se han implementado. Esta ley busca regular el mercado de alquiler y, en especial, reducir los precios de los alquileres, que en muchas zonas urbanas siguen siendo prohibitivos para una gran parte de la población. La ley también incluye medidas como la limitación de los precios de los alquileres en áreas de alta demanda y el fomento de la construcción de viviendas protegidas. A pesar de que varias autonomías gobernadas por el Partido Popular han rechazado esta ley, especialmente la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Sánchez ha defendido su eficacia y ha instado a las regiones a no cerrar la puerta a su implementación.
