El Congreso de los Diputados ha aprobado la tramitación de una proposición de ley para regular los alquileres de temporada y por habitaciones, que no estaban cubiertos por la Ley Estatal de Vivienda de 2023. Esta iniciativa, promovida por movimientos sociales como el Sindicato de Inquilinas, busca cerrar una brecha que algunos propietarios utilizaban para eludir los topes a las subidas de alquileres establecidos por la normativa estatal. El objetivo principal de esta ley es evitar fraudes y abusos en estos tipos de contratos, que se habían convertido en una vía para esquivar las limitaciones impuestas por la ley anterior.
Las principales novedades de la proposición de ley son:
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Justificación de los contratos temporales: Los arrendadores deberán justificar la temporalidad de los contratos de alquiler, lo que implica que no podrán utilizarlos de manera arbitraria para evadir los límites establecidos en la ley.
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Duración de los contratos: Los contratos de alquiler temporal no podrán superar los nueve meses. Esta medida amplía la duración, que antes estaba limitada a seis meses, para adaptarse a situaciones como la de los estudiantes o profesorado que se desplazan por motivos laborales o educativos, manteniendo al mismo tiempo un límite para evitar abusos.
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Desistimiento del contrato: El arrendatario podrá desistir del contrato una vez transcurridos seis meses, siempre que avise con un preaviso de 30 días. Además, se establece la posibilidad de pactar una indemnización para el arrendador, lo que proporciona un equilibrio en las relaciones contractuales y una mayor seguridad para ambas partes.
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Competencias autonómicas: La ley respeta las competencias autonómicas en las comunidades que hayan desarrollado legislación propia en esta materia. Esto permite que cada región pueda adaptar la normativa a sus necesidades particulares, siempre dentro del marco establecido por la ley nacional.
Aunque Junts ha mostrado su apoyo a la propuesta, subraya que la normativa debe respetar las competencias autonómicas y se mantiene cauteloso, sin asegurar su voto favorable en el futuro. Por otro lado, algunos grupos políticos como ERC y Podemos han insistido en que, aunque la proposición representa un avance, aún queda mucho por hacer para solucionar la grave crisis de la vivienda en España. Entre otras propuestas, se destaca la creación de un registro único de viviendas en alquiler, que permitiría un mayor control y transparencia en el mercado de alquileres.