El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un conjunto de medidas para abordar la crisis de la vivienda durante la clausura del foro "Vivienda: quinto pilar del Estado del bienestar", celebrado en el Museo del Ferrocarril de Madrid. Estas medidas, que buscan facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía, incluyen propuestas que van desde el aumento de la oferta de vivienda pública hasta la mejora de la regulación y el incremento de las ayudas para los jóvenes y otros colectivos vulnerables.
Una de las propuestas más destacadas es la eliminación del IRPF para los propietarios que pongan en alquiler sus viviendas de acuerdo con el Índice de Precios de Referencia, independientemente de si se encuentran en zonas tensionadas. Esta medida tiene como objetivo facilitar que más viviendas sean accesibles para aquellos que buscan alquilar, en particular a las personas más jóvenes. Asimismo, el gobierno español transferirá más de 3.300 viviendas a la empresa pública de vivienda, lo que representará más de dos millones de metros cuadrados para destinarlos a alquiler asequible. También se incorporarán de manera inmediata 13.000 viviendas de la Sareb para la misma finalidad.
Además, Sánchez ha hecho hincapié en la necesidad de movilizar los 400.000 viviendas vacías que se encuentran en zonas tensionadas. Para lograrlo, el gobierno creará un sistema de garantías públicas para proteger tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en alquileres asequibles. Esta medida, que ya se aplica en otros países como Francia, se acompañará de ayudas a aquellos que decidan reformar sus viviendas para ponerlas a disposición de alquileres asequibles durante al menos cinco años.
En el marco de sus propuestas, Sánchez ha anunciado también una reforma fiscal para regular los pisos turísticos, estableciendo que tributen como una actividad económica. Este cambio se aplicará bajo la nueva directiva europea sobre el IVA, y el presidente ha destacado que el objetivo es conseguir un mejor equilibrio entre el turismo y la inversión. Además, se limitará la compra de propiedades por parte de extranjeros no residentes, aumentando la carga fiscal sobre estos inmuebles, una medida que ya se aplica en otras economías como Dinamarca o Canadá. Esta iniciativa, según Sánchez, forma parte de la estrategia para proteger a los ciudadanos locales y afrontar la emergencia residencial del país.
En cuanto a la construcción de nuevos hogares, el gobierno español tiene previsto invertir 6.000 millones de euros en créditos ICO para levantar 25.000 nuevas viviendas. También se está desarrollando un nuevo Proyecto Estratégico de Recuperación (PERTE) destinado a la innovación en la construcción, especialmente en el ámbito de la construcción industrializada y modular. Esta iniciativa busca reducir los costos de construcción, acelerar los tiempos de construcción y lograr una mayor sostenibilidad en las nuevas viviendas.
Sánchez ha destacado que España es un país con una oferta pública de vivienda muy limitada, solo el 2,5% del parque inmobiliario es público, una cifra que sitúa al país a la cola de Europa. Por ello, ha subrayado la importancia de construir más vivienda pública para corregir el desequilibrio entre la oferta y la demanda, ya que en España se forman unos 300.000 nuevos hogares anualmente, pero solo se construyen unos 90.000 hogares.
