Hoy entra en vigor en Cataluña el régimen sancionador de la ley de vivienda pactado por el Govern con los Comuns. Esta nueva regulación sanciona a los propietarios que incumplan los límites de alquiler establecidos por el índice de referencia estatal, así como a aquellos que utilicen contratos de temporada de forma fraudulenta para eludir la normativa. Para hacerlo posible, el Consell Executiu aprobó el martes modificaciones en la ley de vivienda catalana de 2007 y en el Código de Consumo, permitiendo así multar las infracciones y disuadir prácticas abusivas.
Infracciones muy graves
Las infracciones consideradas muy graves, con multas de entre 90.001 y 900.000 euros, incluyen:
- Fijar un precio de alquiler un 30% superior al índice de referencia estatal.
- Hacer un contrato con una finalidad fraudulenta o sin especificar su objetivo, como el uso de contratos de temporada para evitar los límites legales del alquiler de vivienda habitual.
- Cargar los gastos de gestión al inquilino, una práctica prohibida por la ley.
Infracciones graves
Las infracciones graves, sancionadas con multas de entre 9.001 y 90.000 euros, son:
- Fijar un precio de alquiler hasta un 30% por encima del índice de referencia.
- No incluir en el contrato o en la oferta el valor del índice de referencia o el importe del contrato de alquiler anterior.
Estas medidas buscan garantizar que los inquilinos reciban toda la información necesaria tanto en los anuncios de alquiler como en el momento de firmar los contratos.
Multas a plataformas y agentes inmobiliarios
Los portales inmobiliarios y los agentes que ayuden a los propietarios a esquivar la ley también podrán ser sancionados por "prácticas abusivas". Estas multas pueden llegar hasta 100.000 euros y ser aún mayores si las víctimas forman parte de colectivos vulnerables. Las plataformas tenían cinco días para actualizar los anuncios, plazo que comienza a contar desde hoy.
Acumulación de multas
Si un propietario incumple varias normas a la vez, las sanciones pueden ser acumulativas. Esto significa que podrá ser multado tanto por la ley de vivienda catalana de 2007 como por el Código de Consumo. Para facilitar las denuncias de los inquilinos, se ha habilitado una ventanilla única en la Agencia de Vivienda de Cataluña.
¿Quién puede imponer sanciones?
Los ayuntamientos tendrán competencias para sancionar gracias a la ley de vivienda catalana. Sin embargo, para que la Generalitat también pueda imponer multas de forma proactiva, necesitaría disponer de un cuerpo de inspectores especializado. Los Comuns piden entre 100 y 150 inspectores, pero el gran reto es cómo financiarlos, ya que no hay nuevos presupuestos para 2025. El Govern propone aprobar una ampliación de crédito, pero necesitará el apoyo de los Comuns y de ERC, que por ahora no quiere negociar.
Además, entre febrero y marzo, se lanzará una campaña institucional para informar a los inquilinos sobre sus derechos y el nuevo régimen sancionador.
