En la provincia de Girona hay al menos 750 viviendas ocupadas en comercialización, la mayoría propiedad de fondos de inversión y entidades financieras, que las venden a precios entre un 30% y un 40% por debajo del mercado para evitar largos procesos judiciales. Según Ramon Corominas, API de Girona y vicepresidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, el 99% de estos inmuebles pertenecen a grandes tenedores y deben comprarse sin financiación hipotecaria, ya que los tasadores no pueden acceder a ellos.
Los inversores son los principales compradores de estos pisos porque, como explica Isidre Vidal, API de Girona con una setentena de pisos ocupados en cartera, saben que en dos años pueden recuperar la propiedad y revenderla o ponerla en alquiler a un precio mucho más alto.
El procedimiento legal para desocupar estos inmuebles es complejo. Carles Balbin, asesor jurídico del Colegio API de Girona, explica que el comprador debe iniciar la demanda judicial y que, según la normativa vigente, si los ocupantes son considerados vulnerables, el desalojo quedará paralizado. Además, a partir del 3 de abril de 2025, con la entrada en vigor de la ley 1/2025, será obligatorio realizar una mediación previa antes de iniciar el procedimiento judicial, lo que aún alargará más los plazos.
Según Vidal, el perfil de las viviendas ocupadas ha cambiado y ya no se concentran solo en zonas periféricas, sino que ahora se encuentran en localidades costeras y capitales de provincia, incluso en zonas de alto nivel adquisitivo.
